Por: Antonio Sanguino
Por estos días el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha hecho gala de su apellido. Se ha puesto bastante “bravo” por cuenta de la cascada de denuncias que ha recibido. Y sospecho que su “bravura” no le alcanzará para ocultar sus equivocaciones e indelicadezas.
Su actuación adquiere connotaciones bochornosas. Constituye un mal ejemplo en un gobierno que se ha propuesto reducir la segregación y las desigualdades. Resulta que, por solicitud suya, la junta directiva de la empresa, reunida en febrero del 2012, decidió incrementar su salario en un 25%. Decisión que contrasta con un aumento salarial del 5,5% para todos los funcionarios y servidores públicos de la ciudad. En total, sus ingresos, sumando salario básico, prima técnica y gastos de representación pasaron de $20.775.000 a $25.700.000 mensuales. Con el aumento en los gastos de representación pretendió además cumplir la prohibición legal de que su salario esté por encima de los ingresos del Alcalde.
Me dirán que estoy desatando una tormenta en un vaso de agua. Que un sueldo de ese valor para el gerente de una empresa del tamaño de la EAAB es aceptable. Que incluso está por debajo de otras empresas de naturaleza similar del Distrito y del país. Y que los salarios en el sector privado son más elevados. Y hasta tienen razón. Pero sucede que Bravo ha cometido otras indelicadezas. Se divirtió en una feria de contratos al vincular, sin ningún procedimiento meritocrático a 117 contratistas que le cuestan a la empresa 7.000 millones de pesos. Y modificó en 15 ocasiones el manual de funciones para vincular personas de su círculo cercano en altos cargos directivos poniendo en riesgo la calidad de su propia gestión. Para no hablar del “roscograma” denunciado por la concejal María Victoria Vargas.
Lo más grave es que todo ello ocurra en las actuales circunstancias financieras de la EAAB. Porque es de suponer que Diego Bravo se dio por enterado del estado de la compañía. Sabía que, como lo advirtió el también concejal Jorge Salamanca, los estados financieros registran una caída vertiginosa de un 42,81% en la utilidad operacional en los últimos cuatro años. En cifras concretas, de unos excedentes operacionales de 237.000 millones de pesos en 2007, se cayó a 135.000 millones en diciembre de 2011. “Herencia del nefasto gobierno de Samuel”, dirán los defensores de Bravo. Pero sucede que los excedentes del ejercicio entre enero 1 y abril 30 del 2102 presenta una caída del 52,73% si se compara con el resultado del mismo periodo del 2011. Caída inexplicable para una empresa que controla el monopolio y suministro de agua potable en la ciudad.
Sería mucho pedirle a Bravo que aplique la austeridad del presidente de izquierda del Uruguay, Pepe Mujica, que dona el 90% de su salario para proyectos sociales. Quizás le sonaría mejor emular al rey Juan Carlos de España que acaba de reducir su salario en un 21%. Debería entender que “el palo no está para cucharas”. Y dar buen ejemplo.
Su actuación adquiere connotaciones bochornosas. Constituye un mal ejemplo en un gobierno que se ha propuesto reducir la segregación y las desigualdades. Resulta que, por solicitud suya, la junta directiva de la empresa, reunida en febrero del 2012, decidió incrementar su salario en un 25%. Decisión que contrasta con un aumento salarial del 5,5% para todos los funcionarios y servidores públicos de la ciudad. En total, sus ingresos, sumando salario básico, prima técnica y gastos de representación pasaron de $20.775.000 a $25.700.000 mensuales. Con el aumento en los gastos de representación pretendió además cumplir la prohibición legal de que su salario esté por encima de los ingresos del Alcalde.
Me dirán que estoy desatando una tormenta en un vaso de agua. Que un sueldo de ese valor para el gerente de una empresa del tamaño de la EAAB es aceptable. Que incluso está por debajo de otras empresas de naturaleza similar del Distrito y del país. Y que los salarios en el sector privado son más elevados. Y hasta tienen razón. Pero sucede que Bravo ha cometido otras indelicadezas. Se divirtió en una feria de contratos al vincular, sin ningún procedimiento meritocrático a 117 contratistas que le cuestan a la empresa 7.000 millones de pesos. Y modificó en 15 ocasiones el manual de funciones para vincular personas de su círculo cercano en altos cargos directivos poniendo en riesgo la calidad de su propia gestión. Para no hablar del “roscograma” denunciado por la concejal María Victoria Vargas.
Lo más grave es que todo ello ocurra en las actuales circunstancias financieras de la EAAB. Porque es de suponer que Diego Bravo se dio por enterado del estado de la compañía. Sabía que, como lo advirtió el también concejal Jorge Salamanca, los estados financieros registran una caída vertiginosa de un 42,81% en la utilidad operacional en los últimos cuatro años. En cifras concretas, de unos excedentes operacionales de 237.000 millones de pesos en 2007, se cayó a 135.000 millones en diciembre de 2011. “Herencia del nefasto gobierno de Samuel”, dirán los defensores de Bravo. Pero sucede que los excedentes del ejercicio entre enero 1 y abril 30 del 2102 presenta una caída del 52,73% si se compara con el resultado del mismo periodo del 2011. Caída inexplicable para una empresa que controla el monopolio y suministro de agua potable en la ciudad.
Sería mucho pedirle a Bravo que aplique la austeridad del presidente de izquierda del Uruguay, Pepe Mujica, que dona el 90% de su salario para proyectos sociales. Quizás le sonaría mejor emular al rey Juan Carlos de España que acaba de reducir su salario en un 21%. Debería entender que “el palo no está para cucharas”. Y dar buen ejemplo.
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